20131017

Dos expulsados de la Isla de Tierra denuncian a España ante Estrasburgo

6 ONG españolas apoyan la denuncia.

Resulta que como España tiene frontera con Marruecos, a 73 inmigrantes ilegales se les ocurrió pasar a un islote español, situado a 50 m de la costa de Marruecos, pensando que les llevarían a la Península.

Pero como hay un acuerdo con Marruecos para devolver a territorio marroquí a los inmigrantes ilegales que de allí provengan, las autoridades españolas les enviaron de vuelta a casi todos, excepto a los menores y las embarazadas.

La denuncia es por violación de nuestra propia Ley de Extranjería , que dice que los casos de inmigración ilegal se estudiarán uno por uno ,y que los inmigrantes tendrán asistencia letrada y la oportunidad de ser oídos ante un tribunal.

Y de cobrarles el coste de la repatriación nada, claro.. que para eso el resto de borregos ya paga impuestos..



Dos expulsados de la Isla de Tierra denuncian a España ante Estrasburgo


Un 5 de septiembre de 2012, el Gobierno expulsó y puso en manos de las autoridades de Marruecos a 73 personas de origen subsahariano que habían tomado la deshabitada isla de Tierra, de soberanía española pero a 50 metros de la costa marroquí. Un año y un mes después, Emanuel Mahop y Hiondi Denis, dos cameruneses que formaron parte de ese grupo, han demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La razón, haber ejecutado una expulsión colectiva "expresamente prohibida por el convenio europeo de derechos humanos" hacia un país "donde se violan sistemáticamente los derechos humanos", según recoge el escrito de 23 páginas respaldado por seis asociaciones de derechos humanos de España: Andalucía Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SOS Racismo, Asociación Protectora de los Derechos Humanos de Andalucía, Acsur y Elim, en colaboración con la Asociación marroquí de derechos humanos.

España violó los derechos de estos sin papeles al no respetarse el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que obliga a estudiar individualmente si cada inmigrante reúne los requisitos necesarios para entrar en territorio español. La demanda incide en que no se les ofreció la posibilidad de tener un abogado, ni un intérprete, ni una tutela judicial. Ni siquiera se identificaron los perfiles vulnerables de no ser expulsados, como las víctimas de tratas o refugiados políticos. "Habría gente que probablemente podría haber solicitado asilo en España", sostiene un portavoz de una de las asociaciones implicadas. "Otra de las consecuencias ha sido la imposibilidad de recurrir la decisión de ser expulsados ante los tribunales, que es obligatorio. Se violó el principio de no devolución a países donde puedan sufrir torturas o tratos denigrantes", explica el portavoz.

La polémica surgió en septiembre de 2012, cuando un grupo de 89 personas de varios países africanos acamparon en la isla de Tierra, un peñasco español diminuto situado en el archipiélago de Alhucemas, 120 kilómetros al este de Melilla. Alegaron que, como estaban en territorio español, debían ser trasladadas a la Península, pero no fue así. Tras dos días de conversaciones, España acordó con Marruecos aplicar el acuerdo bilateral que ambos países firmaron en 1992 y que contempla la readmisión de inmigrantes ilegales cuando se demuestra que estos provienen del reino alauita.

Hasta la fecha, este convenio solo se había aplicado en contadas ocasiones y casi siempre con nacionales marroquíes, ya que no es fácil demostrar el lugar de origen de inmigrantes rescatados en pateras porque pueden proceder también de Argelia. En el caso de la isla de Tierra, el convenio volvió a aplicarse porque los hombres y mujeres que ocuparon la isla solo habían podido llegar a ella desde la vecina costa marroquí. España accedió a hacerse cargo de las personas más vulnerables: 16 menores, madres y mujeres embarazadas que fueron trasladados a Melilla, donde recibieron atención sanitaria. Los otros 73 fueron recogidos en una zodiac la madrugada del 5 de septiembre por la Guardia Civil y entregados a las autoridades marroquíes.


Un portavoz del Ministerio del Interior ha asegurado que todo se realizó bajo la más estricta legalidad y ha declinado ahondar en el conflicto. En su momento, el Gobierno consideró que se había resuelto de una forma “muy satisfactoria”. La ocupación del islote se había convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo porque podía suponer una nueva vía de entrada a España de inmigrantes indocumentados, mucho más sencilla que atravesar el Estrecho.

Marruecos debía haber devuelto a estas personas a su país de origen, pero eso no ocurrió, hecho que viola el artículo 5 del convenio bilateral entre ambos países, que contempla que el Estado (marroquí) se asegurará de que los retornados regresen a su país de origen. Estas 73 personas no tuvieron acceso a ningún procedimiento legal para pedir asilo ni pudieron ejercer sus derechos, sino que fueron conducidas en autobuses a la frontera con Argelia y obligadas a que regresaran a sus países. La mayoría regresó a pie a la ciudad de Oujda, ciudad marroquí a pocos kilómetros de la frontera, y buscó cobijo en bosques de los alrededores y en la Universidad. Dos de ellos, Mahop y Denis, viven ahora en Rabat, desde donde siguen planeando como llegar a Europa, y han sido los que han puesto la denuncia contra España.

Cuando la expulsión se hizo efectiva, numerosas ONG y juristas recriminaron al Gobierno su actuación, plagada de posibles irregularidades. Criticaron que no se cumplió la Ley de Extranjería, ya que los inmigrantes fueron expulsados sin un procedimiento legal y sin garantías y ni siquiera fueron documentados antes de ser trasladados por la fuerza al territorio marroquí. "Casos como estos hacen saltar las débiles costuras que unen a la legislación española de extranjería con el acuerdo hispano-marroquí", explica Iván Jiménez Aybar, abogado experto en derecho internacional y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. "La Ley de extranjería habla de situación irregular; sin embargo, el acuerdo parte de la ilegalidad. Mientras que la Ley exige asistencia letrada en todas las modalidades de procedimientos de expulsión, el acuerdo ni lo prevé, permitiéndose actuaciones por la vía de los hechos consumados, sin vuelta atrás y sin posibilidad de recurso".

Fuentes gubernamentales replicaron entonces que la situación era muy complicada y que no se podía trasladar a España a todos los que habían entrado en la isla de Tierra porque, de haberlo hecho así, podría producirse un efecto llamada y el problema se hubiera convertido en algo imposible de gestionar.

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