Un año de cárcel para los empresarios que ‘exhibían’ a una empleada en el escaparate
Pretendían que una administrativa abandonara a toda costa su puesto en
la plantilla del taller-concesionario de vehículos que regentaban en el
polígono de Toral de los Vados y lo lograron. Pero después de someter a
la mujer a una presión psicológica brutal. Hasta el punto de llegar
trasladar su mesa de trabajo al escaparate de la instalación, a la vista
de todo el mundo y sin ninguna ocupación.
La situación de supuesto acoso laboral se desarrolló entre mediados del
2008 y finales del 2009. Y concluyó con un proceso de incapacidad
temporal de la víctima por trastornos sicológicos y siquiátricos, y con
la presentación de una denuncia ante los juzgados de Ponferrada. Casi
tres años después el Juzgado de lo Penal número 1 acaba de condenar a un
año de cárcel a los dos socios de la firma, Eduardo R.P. y Hortensio
R.A., por la comisión de un delito «contra la integridad moral» de las
personas. Además, los dos condenados tendrán que indemnizar
solidariamente a la ex trabajadora con más de 11600 euros por los
daños y secuelas derivados de su enfermedad y del tratamiento al que fue
sometida. El pago de la indemnización eludirá sin embargo el ingreso en
prisión de los socios, puesto que es el primer delito que cometen y no
han sido condenados con antelación.
La sentencia, fechada el pasado 2 de octubre, es firme y se dictó sin
necesidad de la celebración del juicio. Los empresarios acabaron
admitiendo las vejaciones reiteradas a la víctima. Por ello se alcanzó
un acuerdo de culpabilidad después de que la acusación particular
pidiera hasta dos años de cárcel para cada uno de los dos reos y el
fiscal un año y siete meses.
Empleo para una hija
Las presiones de los condenados se iniciaron en septiembre del 2008, a
la que pidieron que solicitara el «cese voluntario» en la empresa puesto
que indemnizarla resultaría muy gravoso, dado que su antigüedad databa
de agosto de 1990. El propósito es que su puesto de trabajo lo
desempeñara la hija de uno de los industriales.
Ante la negativa de la víctima, ya en marzo del 2009, decidieron
presionarla destinándola primero a un almacén en la planta superior de
la nave que no reunía ni las condiciones indispensables para el
desarrollo de su actividad laboral, ni siquiera una mesa, ni una silla.
Aunque el recinto carecía de ventilación, sus jefes le obligaban además a
mantener la puerta cerrada.
Al no ceder en su idea de mantenerse en su puesto, fue a partir de
septiembre del 2009 cuando se intensificaron las vejaciones, las
amenazas y todo tipo de presiones. El 20 de octubre de ese año se inició
el proceso de incapacidad de la administrativa que queda probado en el
fallo que sufrió «trastornos sicológicos y siquiátricos, consistentes en
reacción al estrés grave, trastornos de adaptación y ansiedad».
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