20121018

Un año de cárcel para los empresarios que ‘exhibían’ a una empleada en el escaparate

Un año de cárcel para los empresarios que ‘exhibían’ a una empleada en el escaparate

Pretendían que una administrativa abandonara a toda costa su puesto en la plantilla del taller-concesionario de vehículos que regentaban en el polígono de Toral de los Vados y lo lograron. Pero después de someter a la mujer a una presión psicológica brutal. Hasta el punto de llegar trasladar su mesa de trabajo al escaparate de la instalación, a la vista de todo el mundo y sin ninguna ocupación.

La situación de supuesto acoso laboral se desarrolló entre mediados del 2008 y finales del 2009. Y concluyó con un proceso de incapacidad temporal de la víctima por trastornos sicológicos y siquiátricos, y con la presentación de una denuncia ante los juzgados de Ponferrada. Casi tres años después el Juzgado de lo Penal número 1 acaba de condenar a un año de cárcel a los dos socios de la firma, Eduardo R.P. y Hortensio R.A., por la comisión de un delito «contra la integridad moral» de las personas. Además, los dos condenados tendrán que indemnizar solidariamente a la ex trabajadora con más de 11600 euros por los daños y secuelas derivados de su enfermedad y del tratamiento al que fue sometida. El pago de la indemnización eludirá sin embargo el ingreso en prisión de los socios, puesto que es el primer delito que cometen y no han sido condenados con antelación.

La sentencia, fechada el pasado 2 de octubre, es firme y se dictó sin necesidad de la celebración del juicio. Los empresarios acabaron admitiendo las vejaciones reiteradas a la víctima. Por ello se alcanzó un acuerdo de culpabilidad después de que la acusación particular pidiera hasta dos años de cárcel para cada uno de los dos reos y el fiscal un año y siete meses.

Empleo para una hija

Las presiones de los condenados se iniciaron en septiembre del 2008, a la que pidieron que solicitara el «cese voluntario» en la empresa puesto que indemnizarla resultaría muy gravoso, dado que su antigüedad databa de agosto de 1990. El propósito es que su puesto de trabajo lo desempeñara la hija de uno de los industriales.

Ante la negativa de la víctima, ya en marzo del 2009, decidieron presionarla destinándola primero a un almacén en la planta superior de la nave que no reunía ni las condiciones indispensables para el desarrollo de su actividad laboral, ni siquiera una mesa, ni una silla. Aunque el recinto carecía de ventilación, sus jefes le obligaban además a mantener la puerta cerrada.

Al no ceder en su idea de mantenerse en su puesto, fue a partir de septiembre del 2009 cuando se intensificaron las vejaciones, las amenazas y todo tipo de presiones. El 20 de octubre de ese año se inició el proceso de incapacidad de la administrativa que queda probado en el fallo que sufrió «trastornos sicológicos y siquiátricos, consistentes en reacción al estrés grave, trastornos de adaptación y ansiedad».

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